viernes, septiembre 26, 2008

"Uno de los de ustedes"

Esa es la argumentación y legitimación central que han articulado los ahora inesperadamente preocupados por el esclarecimiento del asesinato de José Ignacio Rucci el 25 de septiembre de 1973. Desde luego no me refiero a los hijos y a quienes lo rodeaban. Ellos tienen sus propios motivos, que trascienden lo político y quedan fuera de esta discusión (seguramente todos haríamos lo mismo en ese caso). Pero se trata de otra cosa: 35 años después los sectores correctos de la sociedad han decidido que es hora de investigar ese asesinato y lo hacen saber a través de sus voceros mas destacados: La Nación, Perfil, América y ayer a la noche Nelson Castro. Y por mas esfuerzo que hizo la argumentación central se basa en la teoría de los dos demonios. Dijo Castro: "el terrorismo de Estado fue peor, pero este terrorismo también debe ser investigado", en la línea de avalar que el asesinato de Rucci, se inscribe como delito de lesa humanidad, cuando la jurisprudencia, hasta ahora se ha expresado en contrario. Y por si quedaban dudas sentenció "tenemos que hacer memoria completa" el lema de Pando y cia.

El debate no es sobre el crimen de Rucci: hoy y en aquel entonces fueron mucho los que creyeron que se trataba de un acto demencial de Montoneros, digamos de su faz mas claramente militarista e incluso patotera, que apretaba a Perón tirándole un cadáver, días después de que éste había arrasado en las elecciones. No. La cuestión es que no pueden digerir ver a Menéndez, Videla o Bussi condenados nuevamente. Y no es solo la derecha recalcitrante la que no va a tolerar esto; es especialmente los sectores respetables quienes han asumido el desafío; y para ello nada mejor que elegir a Rucci como bandera; no pensaron en Arturo Mor Roig, o en Hermes Quijada. No, pensaron en uno "de los de ustedes" y un sindicalista, esos mismos que hoy los sectores respetables los califican como "corruptos, ladrones y peronistas de mierda". De ahí que sea tan poco creíble el clamor por justicia. Muchos de esos sectores en 1976, instalaron el terror de Estado, pero no iniciaron una sola causa penal contra quienes acusaban de instaurar la violencia en el país. En 1976, creo que Ambrosio Carranza (no estoy seguro) escribe un libro detallando los muertos a manos de la subversión: 620. (incluyendo a Hidalgo Solá, embajador de la dictadura, desaparecido por una interna de los militares ). La Conadep menciona al menos 13.000 desparecidos, la mayor parte de ellos delegados sindicales, no miembros de organizaciones armadas, para quien no lo recuerde. No es una cuestión de números, en eso no se basa lo moral. Se trata de una cuestión política y allí es dónde juegan la teoría de los dos demonios, la figura de delitos de lesa humanidad, o la misma idea de terrorismo, porque no pueden blandirse con tanta facilidad. Hay sectores que todavía tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades en alentar la violencia como si hubiese sido un juego. Pero ahora hablan de otra cosa, no es eso lo que les interesa. La sociedad vuelve a cortarse por los contornos ya conocidos. Ayer tres aparentes skinhead, ingresaron en la sede del CBC de Martínez a los gritos de "zurdos fuera de la universidad" y arrancado carteles.

En 34 años jamás recordaron a Rucci ni llamaron a su familia. Hoy (después del conflicto de los productores agropecuarios, en medio de la valija, de la desesperada búsqueda por la unión de la oposición) claman justicia. No ayer, y tal vez tampoco mañana.

5 comentarios:

Anónimo dijo...

de hecho no recuerdo a moyano ni a barrrionuevo pedir por los desaparecidos de los sindicatos en estos años...
slds
ignacio

Anónimo dijo...

muy bueno.

Alejandra dijo...

Creo que Moyano sale con esto para conestar por las acusasiones de vincularlo con la triple A
Gracias, salutti

Anónimo dijo...

RUCCI Y LOPEZ LA DERECHA NO DESCANSA.
http://blogs.clarin.com/nelsonnogar


Mientras algunos dirigentes, diputados, concejales, referentes de organizaciones sociales, figurettis de todo tipo, pequeños y grandes funcionarios, estan acostados durmiendo la siesta sobre el poder, los desconocidos de siempre trabajan. Hay que empezaar en el campo popular a confeccionar una lista de distraídos, muchos de ellos con la única propiedad de ser amigos del poder, que a la hora de enfrentar al enemigo, como en el caso del Golpe agromediatico, no hacen nada y desnudan su pauperrima representatividad social.



.
.
Rucci y López


.
.

Por Horacio Verbitsky



Avanzan a buen ritmo las operaciones para deslegitimar y/o detener los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado que desde hace muchos años impulsan los organismos defensores de los derechos humanos y que en 2008 se extendieron a todo el país con condenas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Plata y Corrientes.



En los últimos días hubo manifestaciones teóricas y prácticas de este intento regresivo. Un editorial del diario La Nación sostuvo que era insostenible la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. Llegó a insinuar que los jueces terminarían siendo cómplices de crímenes de lesa humanidad si no revisaran esa jurisprudencia, por la cual la persecución penal se limita al Estado y no se extiende a quienes militaron en organizaciones político-militares.




En forma casi simultánea, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que los delitos cometidos por sus miembros tampoco habrían prescripto. El periodista Ceferino Reato publicó el libro Operación Traviata, en el que confirma lo que hace muchos años se sabe, sobre la autoría montonera del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en 1973. Sostiene que dos de las personas que participaron no fueron desaparecidas ni asesinadas después por la dictadura.




Los hijos de Rucci, con el patrocinio del ex ministro duhaldista Jorge Casanovas, pidieron conocer quiénes son esas personas, que Reato no nombra. El secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo dispuso reabrir la causa, incorporar el libro como prueba y citar como testigo al autor.




Todo esto ocurrió en el lapso de diez días. Si identifica a los presuntos responsables, Lijo deberá decidir si puede procesarlos o los 35 años transcurridos han hecho cesar esa posibilidad. Al mismo tiempo que estas cosas ocurrían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata la esposa y los hijos de Jorge Julio López, patrocinados por los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Jofré, en nombre de una Fundación Soporte, querellaron a los jueces del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz, a los fiscales y a los organismos defensores de los derechos humanos que intervinieron en representación de López, porque sabían que corría riesgos y omitieron protegerlo.




Esta extraña presentación afirma que López “jamás militó ni adhirió a ninguna agrupación subversiva” y que sólo acudía a una Unidad Básica para realizar “actividades sociales y comunitarias”. En el juicio el albañil dijo que había pertenecido a Montoneros y acusó a Mario Firmenich de haberse llevado el dinero de la organización, dejando inermes a los militantes. Gascón fue abogado defensor del banquero Pablo Trusso, del juez Amílcar Vara cuando fue destituido por encubrir las desapariciones del estudiante Miguel Bru y el obrero Andrés Núñez, a manos de policías bonaerenses.




Ahora defiende a la mujer policía que noviaba con uno de los tres policías asesinados en la planta transmisora de La Plata y con uno de los sospechosos del crimen. Wortman Joffré es el socio de Luis Moreno Ocampo que quedó a cargo del estudio cuando el ex fiscal asumió en el Tribunal Penal Internacional, desde el que también intenta equiparar los atentados de la guerrilla con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los estados, prescindiendo de la fecha en que ocurrieron.



Desde los juicios de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial hasta el tratado de Roma, de 1998, la distinción era nítida. Con pocos días de diferencia a esta denuncia la Policía Federal elevó al turbio juez Arnaldo Corazza una propuesta de utilizar “técnicas de perfilación criminal” para realizar una “autopsia psicológica de López” y así conocer “su personalidad y su entorno socio-familiar, focalizando en los últimos días de su vida y sus factores de riesgo”. La propuesta, con participación de la Gendarmería, de la policía judicial de Córdoba, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Policía Federal de Investigación Criminal de Alemania consiste en reunir elementos “para hacer inferencias sobre el estado mental de la persona bajo estudio” y “sospechar los motivos de su ausentismo”.




Para ello estudiarían todas las declaraciones de López y entrevistarían a “familiares y a personas allegadas”. En un reportaje acerca de la reapertura de la causa Rucci el ex jefe montonero Roberto Cirilo Perdía dijo que se intentaba reimplantar “en los niveles más altos la teoría de los dos demonios” y señaló como responsable al poder económico, sector “que los Kirchner no afectaron en lo más mínimo” y cuya “reaparición se produce frente a un gobierno que se está yendo, que está perdiendo su fuerza”.
Publicado

Anónimo dijo...

RUCCI Y LOPEZ LA DERECHA NO DESCANSA.
http://blogs.clarin.com/nelsonnogar


Mientras algunos dirigentes, diputados, concejales, referentes de organizaciones sociales, figurettis de todo tipo, pequeños y grandes funcionarios, estan acostados durmiendo la siesta sobre el poder, los desconocidos de siempre trabajan. Hay que empezaar en el campo popular a confeccionar una lista de distraídos, muchos de ellos con la única propiedad de ser amigos del poder, que a la hora de enfrentar al enemigo, como en el caso del Golpe agromediatico, no hacen nada y desnudan su pauperrima representatividad social.



.
.
Rucci y López


.
.

Por Horacio Verbitsky



Avanzan a buen ritmo las operaciones para deslegitimar y/o detener los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado que desde hace muchos años impulsan los organismos defensores de los derechos humanos y que en 2008 se extendieron a todo el país con condenas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Plata y Corrientes.



En los últimos días hubo manifestaciones teóricas y prácticas de este intento regresivo. Un editorial del diario La Nación sostuvo que era insostenible la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. Llegó a insinuar que los jueces terminarían siendo cómplices de crímenes de lesa humanidad si no revisaran esa jurisprudencia, por la cual la persecución penal se limita al Estado y no se extiende a quienes militaron en organizaciones político-militares.




En forma casi simultánea, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que los delitos cometidos por sus miembros tampoco habrían prescripto. El periodista Ceferino Reato publicó el libro Operación Traviata, en el que confirma lo que hace muchos años se sabe, sobre la autoría montonera del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en 1973. Sostiene que dos de las personas que participaron no fueron desaparecidas ni asesinadas después por la dictadura.




Los hijos de Rucci, con el patrocinio del ex ministro duhaldista Jorge Casanovas, pidieron conocer quiénes son esas personas, que Reato no nombra. El secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo dispuso reabrir la causa, incorporar el libro como prueba y citar como testigo al autor.




Todo esto ocurrió en el lapso de diez días. Si identifica a los presuntos responsables, Lijo deberá decidir si puede procesarlos o los 35 años transcurridos han hecho cesar esa posibilidad. Al mismo tiempo que estas cosas ocurrían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata la esposa y los hijos de Jorge Julio López, patrocinados por los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Jofré, en nombre de una Fundación Soporte, querellaron a los jueces del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz, a los fiscales y a los organismos defensores de los derechos humanos que intervinieron en representación de López, porque sabían que corría riesgos y omitieron protegerlo.




Esta extraña presentación afirma que López “jamás militó ni adhirió a ninguna agrupación subversiva” y que sólo acudía a una Unidad Básica para realizar “actividades sociales y comunitarias”. En el juicio el albañil dijo que había pertenecido a Montoneros y acusó a Mario Firmenich de haberse llevado el dinero de la organización, dejando inermes a los militantes. Gascón fue abogado defensor del banquero Pablo Trusso, del juez Amílcar Vara cuando fue destituido por encubrir las desapariciones del estudiante Miguel Bru y el obrero Andrés Núñez, a manos de policías bonaerenses.




Ahora defiende a la mujer policía que noviaba con uno de los tres policías asesinados en la planta transmisora de La Plata y con uno de los sospechosos del crimen. Wortman Joffré es el socio de Luis Moreno Ocampo que quedó a cargo del estudio cuando el ex fiscal asumió en el Tribunal Penal Internacional, desde el que también intenta equiparar los atentados de la guerrilla con los crímenes de lesa humanidad cometidos por los estados, prescindiendo de la fecha en que ocurrieron.



Desde los juicios de Nuremberg al terminar la Segunda Guerra Mundial hasta el tratado de Roma, de 1998, la distinción era nítida. Con pocos días de diferencia a esta denuncia la Policía Federal elevó al turbio juez Arnaldo Corazza una propuesta de utilizar “técnicas de perfilación criminal” para realizar una “autopsia psicológica de López” y así conocer “su personalidad y su entorno socio-familiar, focalizando en los últimos días de su vida y sus factores de riesgo”. La propuesta, con participación de la Gendarmería, de la policía judicial de Córdoba, de un profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Policía Federal de Investigación Criminal de Alemania consiste en reunir elementos “para hacer inferencias sobre el estado mental de la persona bajo estudio” y “sospechar los motivos de su ausentismo”.




Para ello estudiarían todas las declaraciones de López y entrevistarían a “familiares y a personas allegadas”. En un reportaje acerca de la reapertura de la causa Rucci el ex jefe montonero Roberto Cirilo Perdía dijo que se intentaba reimplantar “en los niveles más altos la teoría de los dos demonios” y señaló como responsable al poder económico, sector “que los Kirchner no afectaron en lo más mínimo” y cuya “reaparición se produce frente a un gobierno que se está yendo, que está perdiendo su fuerza”.
Publicado